La oposición cree que la Sala solo busca legitimar su elección con apertura de masacre de los jesuitas

La resolución emitida por la Sala de lo Constitucional que reabrió el proceso penal por la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras cometida el 16 de noviembre de 1989 ha generado una polémica política en la Asamblea Legislativa. Aliados del Gobierno dicen que permite combatir la impunidad, pero la oposición no lo cree así.
El diputado Numan Salgado, de GANA, cree que la resolución ayudará a combatir la impunidad.
“Todos los salvadoreños saben que hay una impunidad tremenda en ese caso que se resolvió y se protegió prácticamente a criminales de guerra. Eran personas civiles sin armas, eso no debe quedar en la impunidad», señaló Numan Salgado, diputado de GANA.
La oposición cree que el objetivo de la Sala de lo Constitucional es legitimar su elección, el 1 de mayo de 2021.
La diputada Claudia Ortiz, de la fracción de Vamos, no objeta la reapertura del caso, pero señaló una incoherencia cuando reabren el proceso penal de la masacre pero remueven a la jueza que no encontró pruebas en la demanda que puso Marcela Pineda (Nuevas Ideas) contra la investigadora Jeannette Aguilar.
“Me parece una incoherencia porque, por un lado, supuestamente se está buscando justicia pero por otro lado se está atacando la independencia judicial, no se está buscando la justicia, no se está buscando combatir la impunidad. ¿Qué va a pasar con todas las víctimas del conflicto armado que están buscando justicia? ¿Qué va a pasar con quiénes necesitan tener un juicio justo? No se trata instrumentalizar la justicia, sino que funcione la justicia para las víctimas y combatir la impunidad», Claudia Ortiz, diputada de Vamos.
Mientras, la diputada Marleni Funes, del FMLN, dijo que la Sala de lo Constitucional está «buscando legitimarse ante la población».
“La forma en la que fue impuesta el 1 de mayo le resta credibilidad tanto a nivel nacional como a ni el internacional. Tocar estos temas que son sensibles para la población y para la sociedad en general, ellos creen que se van a legitimar, pero les invitaría a que no solo se reabra el caso de los jesuitas, sino que presente los archivos de la masacre El Mozote», apuntó Marleni Funes, diputada del FMLN.
La Sala amparó al fiscal general de la República por considerar que se vulneraron derechos a la seguridad jurídica, protección jurisdiccional y a conocer la verdad en la resolución de la Sala de lo Penal que anuló el proceso penal el 8 de septiembre de 2020.
De acuerdo a la resolución de amparo, la Sala de lo Penal resolvió “inconstitucionalmente” los recursos de casación de Juan Orlando Zepeda Herrera, Francisco Elena Fuentes y Rafael Humberto Larios López.
El proceso penal, según la CSJ, se da contra Juan Orlando Zepeda Herrera, Francisco Elena Fuentes, Rafael Humberto Larios López, René Emilio Ponce, Juan Rafael Bustillo, Inocente Orlando Montano y Alfredo Félix Cristiani Burkard.



