La Sala de lo Constitucional admite demanda contra despidos en varios ministerios
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió este martes una demanda de inconstitucionalidad en contra de un decreto del gobierno de Gobierno de Nayib Bukele que ordenó despidos en varios ministerios.
La Sala consideró que «la demanda cumple con los requisitos para ser admitida a trámite», por lo que concedió un plazo de 10 días hábiles al Consejo de Ministros y al Fiscal General de la República (FGR), Raúl Melara, para que se pronuncien sobre la inconstitucionalidad alegada.
La admisión de demanda de inconstitucionalidad fue firmada por unanimidad por los magistrados José Óscar Armando Pineda Navas, Aldo Enrique Cáder Camilot, Carlos Sergio Avilés Velásquez, Carlos Ernesto Sánchez Escobar y Marina de Jesús Marenco de Torrento.
«Por otra parte se señala improcedente la solicitud de medida cautelar; sin embargo, se señala que, de existir un cambio en las circunstancias que determinan los presupuestos necesarios para esta, en el transcurso del proceso se podría otorgar una medida para asegurar que una eventual posea la eficacia requerida», agregó la Sala.
Luego de asumir funciones el pasado 1 de junio, el Gobierno de Bukele anunció la disolución y el despido de empleados de las secretarías de Inclusión Social; Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, Técnica y de Planificación, la de Gobernabilidad y la de Vulnerabilidad. En lugar de estas secretarías, Bukele anunció la creación de las secretarías de Comercio e Inversiones y la de Innovación.
A través de un comunicado de prensa, la Sala dijo que los demandantes consideraron que este decreto es el resultado de un exceso de potestad normativa del Consejo de Ministros, ya que, por su naturaleza, la supresión de plazas en estas secretarías es una actividad normativa que le corresponde a los diputados de la Asamblea Legislativa por medio de la modificación a la Ley de Salarios.
«Además, agregan que el artículo 21 de las reformas realizadas limita el derecho a la estabilidad laboral de los servidores públicos, pues el Consejo de Ministros invadió una zona sujeta a reserva de ley de carácter formal, competencia de la Asamblea Legislativa», se lee en el comunicado.
