Ordenan a FGR investigar a Centros Penales por incumplir mandatos judiciales
La fiscalía general de la República iniciará una investigación en contra de las autoridades de la Dirección General de Centros Penales, por el incumplimiento a órdenes judiciales, en cuanto a la situación jurídica del exsuegro de Mauricio Funes, Juan Carlos Guzmán Berdugo, quien es procesado en el caso «Saqueo Público».
La certificación del Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador surgió porque las autoridades penales, luego de cuatro meses hasta la fecha, no han cumplido una orden judicial tanto del tribunal como de una Cámara de poner en arresto domiciliar al exsuegro de Funes, y sigue detenido en el Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca.
La investigación que deberá de iniciar la Fiscalía, según el abogado defensor de Guzmán Berdugo, Carlos Escobar, incluye al director del centro penal de Zacatecoluca y del director general de Centros Penales, Osiris Luna.
«Ya hay comunicación para la fiscalía general de la República sobre el hecho, para que se investigue la conducta del director del centro penal de Zacatecoluca y en contra del director general de Centros Penales, Osiris Luna, por no cumplir las órdenes judiciales», afirmó el abogado.
El abogado defensor ha sostenido en reiteradas ocasiones que los posibles delitos cometidos por los funcionarios serían: desobediencia a mandato judicial y privación de libertad.
El tribunal resolvió también certificar a Fiscalía por el hecho que ellos como autoridad judicial no han tenido respuesta a sus escritos, de por qué no han materializado las órdenes judiciales, pese a reiteradas solicitudes de informes.
Es de mencionar, que los fiscales del caso «Saqueo Público» ya habían solicitado un informe al tribunal con las órdenes emitidas a las autoridades de centros penales, para iniciar una investigación por «privación de libertad».
Juan Carlos Guzmán Berdugo y Mauricio Funes.
La defensa también informó a Diario El Mundo que el pasado 29 de septiembre interpuso una denuncia ante la Procuraduría para los Derechos Humanos (PDDH) sobre la violación a derechos fundamentales como la libertad, el derecho a la salud, así mismo, que interpuso un habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia para lograr por esa vía la materialización de las órdenes judiciales.
Desde el pasado 20 de mayo, de este año, cesó la detención provisional en favor de Guzmán Berdugo, luego que se le venciera el plazo legal de la detención, en esa ocasión la Fiscalía apeló, pero la Cámara Primera de lo Penal ordenó el arresto domiciliario, sin embargo, nunca se ha hecho efectiva.
Guzmán Berdugo es acusado por la Fiscalía de lavar $133,564.71 durante el gobierno de Funes a través de depósitos y retiros realizados en el sistema financiero, conversión, compra de vehículos y compra de boletos aéreos, cuyo origen era de una cuenta particular de la Presidencia de donde supuestamente desviaron $351 millones. Él es padre de Ada Mitchell Guzmán, expareja de Funes.
