Sala de lo Constitucional ordena a Bukele abstenerse de convocar a plenaria a diputados, y a FAES y PNC cumplir con la Constitución
Como medida cautelar la Sala de lo Constitucional admitió hoy una demanda de inconstitucionalidad contra el poder Ejecutivo y ordenó al Presidente Nayib Bukele abstenerse de convocar a sesión plenaria para que le aprueben un préstamo 109 millones de dólares para financiar la Fase III del Plan de Seguridad.
La Sala también pidió a la Fuerza Armada (FAES) y la Policía Nacional Civil (PNC) apegarse a su rol constitucional que es velar por la seguridad del país.
La Sala prohibió a Bukele seguir convocando a la Asamblea para que sesionen y le aprueben el solicitado al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), tal como Bukele lo hizo ayer usando a la PNC y al ejército para presionar a los diputados y darles una semana para dicha aprobación.
Esta mañana el ministro de Gobernación, Mario Durán, quiso cambiar la intención del Presidente Bukele de usar la fuerza y señaló que el masivo despliegue militar y policial solo buscaba guardar a seguridad física del mandatario.
«El Salvador necesita diputados comprometidos con su pueblo, que estén del lado del pueblo, diputados que vivan el sufrimiento de su gente, que no vean en la muerte del más humilde algo que pueda esperar para mañana», señaló Durán en la entrevista Frente a Frente de TCS.
“Ordenar al presidente de la República a que se abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionalmente establecidos y poner en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo”, dice la medida cautelar de la Sala.
De igual manera la Sala ordenó al ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, y al director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, “que no ejerzan funciones y actividades distintas a las que constitucionalmente y legalmente están obligados”.
La Sala de lo Constitucional reaccionó de esta manera ante la posición de la Asamblea que esta mañana se reunió para analizar y buscar sanciones contra el Ejecutivo por utilizar la fuerza bruta y un dispositivo militar sin proporciones y con el fin de intimidar a los diputados para que aprueben cuanto antes los 109 millones de dólares para financiar la tercera fase del Plan de Control Territorial.
