Sala llama a declarar a Osiris Luna en caso contra Penales
La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió un recurso de apelación de la compañía PREPACOL S. A. de C. V. que impugna una sentencia de la Cámara Segunda de lo Civil en un proceso en contra de la Dirección General de Centros Penales, Osiris Luna, por considerar que hubo irregularidades en la resolución del caso.
«Se advierte con facilidad la irregularidad procesal cometida por la Cámara en primera instancia (…) Llama la atención que la Cámara señala que rechaza la prueba testimonial y la declaración de parte contraria (Osiris Luna), por considerar que no es útil ni pertinente, sin exponer argumentos o motivos para dicho rechazo», expuso la Sala en su resolución del 10 de agosto pasado.
Por tanto, la Sala resolvió que se anule la sentencia de la Cámara y que se repita la audiencia preparatoria en la que deben ser admitidas las pruebas presentadas por la defensa de la empresa y los documentos solicitados al presentar dicha demanda.
Sin embargo, la Sala aún no ha fijado una fecha para la nueva audiencia.
Las pruebas y documentos que deben ser admitidos consisten en la declaratoria de existencia de obligación mercantil de pago y condena de la misma, prueba testimonial y la declaración de la parte contraria, para el caso, llama a declarar al titular de la DGCP, Osiris Luna.
Esto en respuesta a un recurso de apelación que interpuso la representación legal de PREPACOL S. A. DE C. V. contra una antigua resolución de la Cámara. En su recurso, la empresa argumentó que el rechazo de admitir la prueba le produjo perjuicios.
La cámara había resuelto de esa manera en una audiencia desarrollada el pasado 26 de mayo, en la que la empresa demandó civilmente a la Dirección General de Centros Penales (DGCP), particularmente al director de la institución, Osiris Luna, por una deuda de $332,469 que tiene desde 2019.
La demanda había sido admitida por la Cámara Segunda de lo Civil y Mercantil de San Salvador en 2021. Esa misma instancia de la CSJ resolvió finalmente el 16 de junio de este año, desestimar la petición que hacía el representante legal de la empresa, la cual demandaba que Centros Penales pagara la cantidad adeudada más los intereses del 12 % anual.
La Cámara concluyó que en la prueba aportada no se había podido establecer que existiera un vínculo jurídico entre PREPACOL y la DGCP en los servicios de telefonía brindados para uso exclusivo de los centros penitenciarios.
«Se rechaza el ofrecimiento de prueba consistente en la declaración de testigos y la declaración de parte contraria por no ser útil ni pertinente para los fines del presente proceso», dictó entonces la Cámara.
El representante legal de la empresa, Óscar Canjura explicó, en ese momento, que la DGCP se había negado a pagar los servicios prestados de telefonía para uso exclusivo de los privados de libertad, específicamente de mayo a julio de 2019.
