Al menos 20 diputados de la Asamblea Legislativa no han declarado su patrimonio, señala informe de acción ciudadana
Las cifras contrastan con el anuncio de la guerra en contra de la corrupción realizada por el presidente de la República Nayib Bukele el 1 de junio.
El quinto informe de sobre la probidad de la función pública, presentado por Acción Ciudadana señala que al menos 20 diputados del Órgano Legislativo no han declarado su declaración patrimonial. Algo que afecta en identificar indicios de corrupción, ya que el artículo tres de la Ley Sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, establece en el primer inciso que: «Se deberá de rendir por escrito declaración jurada del estado de su patrimonio, ante la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sección de Probidad […]”; segundo inciso : “Dichas declaraciones deberán ser presentadas personalmente por quien esté obligado, o debidamente autenticadas, o por medio de apoderado especialmente constituido [..]”.
Esto con el fin de quienes ostenten cargos públicos no ocupen el mismo para enriquecerse así mismos y garantizar un buen uso de los fondos públicos de los cuales salen los gastos para los tres poderes del Estado y con el cual se realizan las obras públicas que responden a las necesidades de la población.
Según el informe 8,422 declaraciones (registro que se tiene hasta febrero del presente año) están pendientes de ser presentadas, mismas que corresponderían al Órgano Ejecutivo y otras instancias.
El informe también revela que desde el año 2020 se contabilizan 5,161 declaraciones de patrimonio sin analizar por parte de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CJS).
PATRIMONIO NO DECLARADO AL MOMENTO QUE LOS FUNCIONARIOS CESAN FUNCIONES
Acción Ciudadana identificó que en lasa administraciones de los años 2015-2018 y 2018-2021 los funcionarios sí declaraban su patrimonio antes de ejercer las funciones para la que habían sido elegidos, más no al momento de salir de sus cargos. Lo que en primera instancia despierta una señal de alerta.
FALTA DE MULTAS PARA FUNCIONARIOS QUE NO DECLARAN SU PATRIMONIO
Graciela Ayala coordinadora del Centro de Monitoreo de Acción Ciudadana explica que hay existencias de casos pendientes acerca de no declarar el patrimonio, que no han tenido una resolución final para imponer una multa, como lo establece la ley, «la multa es una herramienta que la administración pública tiene para influenciar en el cumplimiento de una obligación…», reiteró Ayala.
Sin embargo en los casos pendientes se observa que no ha habido imposición de multas, por lo que el proceso queda en el aire. A su vez Ayala dijo que se desconoce como la sección de probidad administrada por la CSJ, determina a los funcionarios públicos a los que se les establecerá una multa.
En el año 2015 se impusieron 143 multas, cifra que cambió en el año 2022 10 multas, pero no se conoce con exactitud si fueron aplicadas a los expedientes abiertos en el mismo año, concluye Ayala.
Los criterios incumplidos por parte de la la sección de probidad de CSJ, según acción ciudadana son:
- Alto nivel de incumplimiento.
- Limitada capacidad operativa de la Sección de Probidad.
- Notables retrasos en la verificación de declaraciones.
- No se ha digitalizado, ni modernizado el proceso de presentación de declaración jurada.
- Las sanciones no representan un disuasivo.
- Dificultad para verificar enriquecimiento con criptoactivos.
- Discrecionalidad en la toma de decisiones en casos de multa e indicios de enriquecimiento ilícito.
