Víctimas de régimen denuncian las torturas sufridas en prisión

Emilio Aguilar y Fidel Zelaya fueron apresados durante el régimen de excepción, maltratados por las autoridades y liberados durante su proceso penal. Este miércoles, ambos presentaron avisos penales en la fiscalía general de la República donde señalaron de cometer delitos a miembros de la Fuerza Armada y directores de Centros Penales

Contra el director de Centros Penales, Osiris Luna y los directores de los penales La Esperanza, conocido como «Mariona», y el de la Granja de Santa Ana, los abogados de la Unidad de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (Unidech) presentaron un aviso por los delitos de coacción, tortura, actos arbitrarios, incumplimiento de deberes y cohecho; mientras que, contra el titular del Ministerio de la Defensa, fue un aviso por coacción y actos arbitrarios.

Zelaya fue acusado y enjuiciado por supuestas estafas, fue apresado y estuvo en prisión preventiva durante 13 meses en los centros penales de Mariona y la Granja de Santa Ana; al final, durante el juicio, el tribunal determinó que no hubo delito y fue absuelto.

El joven relata que sufrió torturas al interior del centro penal y que al salir de la cárcel todo ha sido cuesta arriba: existe acoso de la Fiscalía, no puede abrir una cuenta bancaria por el antecedente y aduce que sin motivo, la Fiscalía lo tiene bloqueado en redes sociales.

«Se le ha bloqueado toda forma para poder trabajar, luego que él sale absuelto de ese proceso, incluso no puede ni siquiera abrir una cuenta bancaria porque lo tiene Fiscalía con alerta, en temas de delitos financieros y por sus antecedentes lo cual, es parte de los avisos que venimos a presentar ahora», explicó ayer el abogado Rudy Joya, quien actúa como apoderado de Zelaya.

Joya manifestó que ya iniciaron los trámites para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordene medidas de protección contra Zelaya, debido a que es testigo de casos de tortura en las cárceles.

El abogado señaló que el testimonio de Zelaya es una respuesta a lo dicho por el Comisionado Presidencial de Derechos Humanos, Andrés Guzmán, quien el viernes anterior sostuvo ante la CIDH que no existe tortura en las prisiones salvadoreñas.

Por otro lado, el joven Emilio Laínez interpuso aviso en contra del ministro de la Defensa, luego que en marzo de este año fuera capturado por miembros de la Fuerza Armada.

Emilio relató que estaba en su casa, cuando los soldados le pidieron que saliera y les ayudara a borrar un grafiti, en el camino, lo acusaron de que él había hecho el grafiti y lo golpearon. Después de haber borrado el grafiti, lo detuvieron. Actualmente está en libertad bajo medidas alternas a la detención. Los abogados de Unidech también han gestionado medidas de protección ante la CIDH.

El abogado Rudy Joya también planteó que hay actos de corrupción denunciados, y que presuntamente son cometidos al interior de Centros Penales. Joya dijo que a la familia de Zelaya les pidieron «regalías» o dinero que hacen pasar como donaciones a cambio de que puedan ver a sus familiares durante cinco minutos en prisión.