Diputados acuerdan superar el veto a la Ley de Reconciliación que elimina penas a responsables de crímenes de guerra
Los diputados acordaron superar el veto presidencial a la Ley de Reconciliación Nacional, la cual reduce penas a responsables de crímenes de guerra y otorga amnistía a funcionarios salientes de ARENA y FMLN que se vieron involucrados en violaciones a los derechos humanos.
La Comisión Política emitió, de manera apresurada, un dictamen para ratificar la denominada Ley de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional. Los diputados buscan logran en el Pleno Legislativo superar el veto a la cuestionada Ley que dejaría impune aquellos funcionario, militares y dirigentes del FN que en el marco de la guerra civil se sobrepasaron y asesinaron a personas por el simple hecho de tener vínculos políticos, tanto con ARENA y el gran capital como con el FMLN.
Ya en 2020, el presidente Nayib Bukele vetó la ley afirmando que no cuenta con tres elementos fundamentales, los cuales son: verdad, reparación y justicia.
Además existe inconformidad de parte de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, pues aseguran que dicha ley beneficia a diputados salientes como Antonio Almendáriz, Nidia Díaz, Mauricio “Chato” Vargas y el diputado Rodolfo Parker.
A Almendáriz se le responsabiliza de la ejecución de la médico española Begoña García Arandigoyen, crimen ocurrió el 10 de septiembre de 1990 en Santa Ana. Y en el caso del diputado Rodolfo Parker porque alteró declaraciones para ocultar las responsabilidades de altos oficiales de las Fuerzas Armadas en el asesinato de los sacerdotes jesuitas.
Mientras Nidia Díaz, tiene una denuncia ante Fiscalía General de la República por la supuesta participación en la masacre de la Zona Rosa a donde murieron trece personas, entre ellas cuatro marinos estadounidenses la noche del 19 de junio de 1985; Nidia Díaz era miembro del Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC) supuesto grupo autor de la masacre.
Otro es el diputado de ARENA, Mauricio Vargas, por haber sido testigo a favor del coronel Inocente Montano, en Estados Unidos, quien es acusado de planificar el asesinato de seis sacerdotes jesuitas en 1989, en la UCA y por la vinculación que Vargas tiene con el denominado grupo de oficiales conocido como “La Tandona” a quien se les atribuye diversos delitos contra los derechos humanos.
