El asesinato de los jesuitas no fue un hecho común

El requerimiento fiscal señala que la masacre de los seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras no fue un hecho común de la delincuencia que operaba en el país, sino de quienes ostentaban el “aparato organizado de poder” en El Salvador en noviembre de 1989.

“Donde los responsables de los hechos delictivos que se cometen mediante la utilización de dicho aparato son quienes lo dirigen, aunque no hayan participado materialmente en la ejecución de los hechos”, dice la acusación y señala al expresidente Félix Cristiani, a los generales René Emilio Ponce, Rafael Bustillo, y Juan Orlando Zepeda; asimismo, a Rafael Humberto Larios, Carlos Camilo Hernández, Francisco Elena Fuentes, Joaquín Arnoldo Cerna y Nelson Iván López. Según la acusación, los antes mencionados, si bien no estuvieron presentes en el momento de los hechos, dieron la orden para el delito y debido a la posición militar que tenían, les permitía hacer uso de equipo, armas y recursos que generan temor, con esto buscan probar la autoría.

“El elemento definitorio de la autoría es el dominio del hecho. Quien tiene el dominio del hecho, tiene el dominio de la situación delictiva”, indica la acusación.

La mayoría de los antes mencionados conformaban el alto mando de la Fuerza Armada de El Salvador y de La Tandona, la promoción de la escuela militar de 1966, a quien la fiscalía española señaló de ser un grupo terrorista.

“Hemos solicitado que los delitos de actos de terrorismo, proposición y conspiración para cometer actos de terrorismo sean subsumidos en el delito de asesinato”, señaló Lisandro Quintanilla, defensor de militares.

Ayer, la fiscalía planteó sus alegatos en la audiencia inicial en el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador donde relataron lo sucedido hace 32 años.

Según Fiscalía, los hechos que acabaron con la vida de los sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras fueron precedidos por dos reuniones del alto mando de la Fuerza Armada los días 13 y 15 de noviembre de 1989.

En la primera se planteó hacer un cateo en la UCA, porque en apariencia, en sus instalaciones se escondían guerrilleros del FMLN y además se localizaba un arsenal, sin embargo, Fiscalía aseguró que todo fue para ubicar los dormitorios de las víctimas y luego regresar por ellos.

La segunda reunión se realizó la noche del 15 de noviembre en la que el alto mando de la Fuerza Armada giró la directriz de asesinar al sacerdote Ignacio Ellacuría con la salvedad que no debían dejar testigos.

Los hechos previos como el cateo en la UCA el 13 de noviembre no fueron aislados, según fiscalía, sino que fueron parte de la organización y planeación para cometer la masacre y el expresidente Alfredo Cristiani como comandante general de la Fuerza Armada tenía la obligación de tener conocimiento de esa misión.

Por esa razón Cristiani es responsabilizado de la comisión por omisión en el delito de asesinato de los sacerdotes jesuitas y sus colaboradoras.

Este proceso es producto de una investigación y que los hechos han ocurrido y que en aquel momento no se enjuiciaron a las personas que debían ser”. Fiscal del caso

La defensa

El abogado Lisandro Quintanilla solicitó al juez Tercero de Paz, que los imputados solo fueran procesados por el delito de asesinato, porque a su juicio era el único que era de lesa humanidad y no prescribía.

“Hemos solicitado que los delitos de actos de terrorismo, proposición y conspiración para cometer actos de terrorismo sean subsumidos en el delito de asesinato; hemos pedido la prescripción de los delitos que no son de lesa humanidad: hurto calificado, fraude procesal y el encubrimiento”, afirmó el abogado.

Quintanilla también pidió que el general Francisco Elena Fuentes fuera sobreseído definitivamente tras presentar la partida de defunción como manda la ley en caso de muerte.

Fiscalía por su parte también en su requerimiento, ya había solicitado al juez que se suspendiera la acción penal para el coronel René Emilio Ponce por fallecimiento. En ambos casos el juez resolvió dándoles el sobreseimiento.

La defensa también pidió por unanimidad que el abogado Arnau Baulenas no se autorice que ejerza como querellante en representación del sacerdote Ignacio Ellacuría, sino como un apoderado del religioso por falta de un poder.

Acusados en caso jesuitas

1. Alfredo Félix Cristiani

Cargo: Expresidente de la República. Delito: Cmisión por omisión en el delito de asesinato.

2. Joaquín A. Cerna F.

Cargo: exjefe de operaciones del conjunto 3.

Delito: Asesinato.

3. Inocente Montano

Cargo: Exviceministro de Seguridad Pública.

Delito:Asesinato, actos de terrorismo, proposición y conspiración en actos de terrorismo, hurto calificado.

4. Juan Rafael Bustillo

Cargo: Excomandante de la Fuerza Aérea Salvadoreña.

Delito: Asesinato, actos de terrorismo, proposición y conspiración en actos de terrorismo, hurto calificado.

5. Juan Orlando Zepeda

Cargo: Exviceministro de defensa nacional y seguridad pública.

Delito: Asesinato, actos de terrorismo, proposición y conspiración en actos de terrorismo, hurto calificado.

6. Rafael H. Larios López

Cargo: Exministro de la Defensa Nacional y Seguridad Pública.

Delito: Asesinato, actos de terrorismo, proposición y conspiración en actos de terrorismo, hurto calificado.

7. Carlos Camilo Hernández Barahona

Cargo: Ex subdirector de la escuela militar capitán general Gerardo Barrios.

Delito: Asesinato, fraude procesal y encubrimiento.

8. Nelson Iván López L.

Cargo: Exjefe del conjunto uno del estado mayor.

Delito: Asesinato, actos de terrorismo, proposición y conspiración en actos de terrorismo, hurto calificado.

9. Rodolfo Párker Soto

Cargo: Exasesor jurídico del Estado Mayor, exmiembro civil de la comisión de honor.

Delito: Encubrimiento y fraude procesal

10. Oscar Alberto León L.

Cargo: Comandante del batallón Atlacatl. Delito: Encubrimiento, fraude procesal.

11. Manuel Antonio Rivas

Cargo: Excoronel. Delito: Encubrimiento, fraude procesal.

12. Francisco Elena Fuentes.

Cargo: Excomandante de la Primera Brigada de Infantería con sede en San Salvador.

Delito: Asesinato actos de terrorismo, proposición y conspiración en actos de terrorismo, hurto calificado.

13. René Emilio Ponce

Cargo: Exjefe del Estado mayor conjunto de la FAES.

Delito: Asesinato, actos terrorismo, proposición y conspiración en actos de terrorismo y hurto calificado.