Félix Ulloa defiende «guerra» contra las pandillas
El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, justificó ante delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el derecho del Estado a mantener una «guerra» contra las pandillas, que acumula 25 mil delincuentes detenidos.
«Al Estado salvadoreño le asiste el Jus ad Bellum para defender al pueblo de la violencia criminal de las pandillas (…)El Jus ad Bellum es la rama del derecho humanitario que define las legítimas razones que un Estado tiene para hacer la guerra de manera legítima y justa», escribió Ulloa en Twitter, tras su encuentro con una misión del CICR.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, le declaró la «guerra» a las pandillas que operan en su territorio, tras el asesinato de 87 personas entre el 25 y el 27 de marzo, crímenes que las autoridades vincularon al accionar de estas agrupaciones.
Amparada en un Régimen de Excepción decretado por la Asamblea Legislativa, el 27 de marzo, la ofensiva de seguridad ha detenido sin orden judicial a pandilleros. Los partidos opositores han reaccionado contra este hecho diciendo que las capturas son arbitrarias y están pagando justos por pecadores.
Ante este señalamiento, el presidente Nayib Bukele los cuestionó diciendo por qué cuando los pandilleros asesinaron a 87 ciudadanos no dijeron nada y se callaron, pues no les importan las vidas de gente inocente.
La Policía Nacional Civil, por su parte, informó que al menos 25,757 pandilleros habían sido detenidos hasta este viernes 6 de mayo, cuando fueron capturados 498 sospechosos.
El vicepresidente también explicó a la delegación del CICR, encabezada por David Quesne, la aplicación de «jus in bello» (el derecho en la guerra) bajo el Estado de Excepción.
Según la vicepresidencia, Ulloa, junto a los representantes del CICR, «acordaron la posibilidad de presentar al mundo esta experiencia [contra las pandillas] como un modelo internacional de solución ante conflictos sociales».
El Salvador sufre el asedio de la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, entre otras, que suman 70.000 delincuentes. De estos, casi 41.000 están presos, luego de la ofensiva del gobierno.
