FGR acusa a Sigifredo Ochoa Pérez de actos de corrupción cuando fue embajador en Honduras
Las investigaciones fiscales apuntan a que Ochoa Pérez recibía $800 mensuales del excedente del arrendamiento del edificio donde funcionaba la embajada de El Salvador en Honduras.
El fiscal del caso explicó que la petición de acusación se extiende al salvadoreño Walter Alfredo Anaya Escalante y a la hondureña Soledad Funes Donaire de Ramírez. Ésta última como cómplice del peculado y quien era la persona que alquilaba el edificio.
El fiscal explicó que en 2005 se suscribieron dos contratos de arrendamiento del inmueble. En los dos contratos existía una diferencia de $800, ya que uno era por $2,200 y otro por $3,000.
“Las investigaciones fiscales apuntan que el excedente de los 800 dólares del cánon de arrendamiento era pagado a los señores imputados Ochoa Pérez y cuando éste se retira en septiembre de 2009 de la sede diplomática, le siguieron entregando los 800 dólares al señor Walter Alfredo Anaya Escalante”, dijo el fiscal.
La imputada Donaire de Funes le siguió dando los $800 a Anaya Escalante hasta el 2016, según las investigaciones. El total del dinero que recibieron fue de $107,920, fondos erogados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las indagaciones fiscales comienzan cuando el embajador de El Salvador que fungía en 2018 denunció esas supuestas irregularidades a la Fiscalía General.
