Es un «show mediático» la ley de recursos hídricos
La Alianza Nacional contra la Privatización del Agua calificó de «show mediático» la sesión de la comisión ad hoc de la Asamblea Legislativa donde se emitió el dictamen favorable para el proyecto de Ley General de Recursos Hídricos.
Después de no sesionar desde el 23 de octubre, la comisión se reunió el lunes por la tarde para solventar los dos temas que habían quedado pendientes para poder emitir un dictamen: los considerandos y el nombre de la ley.
“Ayer se dio ese dictamen favorable en una condición no muy clara, con un procedimiento bastante atropellado”, apuntó Amalia López, integrante de la Alianza. El dictamen favorable está incluido en la agenda de la sesión plenaria de este martes, por lo que hoy mismo podría aprobarse la ley.
López lamentó que los permisos de extracción para las juntas comunales de agua sean de 15 años prorrogables, cuando en el proyecto anterior, que fue archivado por los diputados oficialistas, proponía 50 años.
“(Las juntas de agua) son organizaciones con escasos recursos y son organizaciones que han operado por más de 50 años (…). En ese sentido, sí creo que es una falta de respeto para las juntas de agua que han estado insistiendo que deben estar dentro de esta ley”, afirmó López.
“A las juntas a agua las dejan en el mismo huacal que a las empresas privadas, pareciera que no hacen una función social”, agregó. López también explicó que en el caso del derecho al saneamiento, la comisión lo abordó de una manera superficial.
“No, no estamos satisfechos con ese proyecto del agua, eso no incluye todo lo que hemos venido exigiendo a lo largo del tiempo”, insistió. “Aquellos cinco puntos que son infaltables no están incluídos en ese proyecto de ley y aunque sí se sentaron enfrente del pueblo, decidieron ignorarlo, decidieron no tomar las recomendaciones”, concluyó.
Los cinco puntos a los que hizo referencia López se refieren a la agenda mínima que, a juicio de las organizaciones de la sociedad civil, debe cumplir una ley de aguas: que el agua sea un bien público, que se reconozcan los derechos humanos al agua y al saneamiento, una gestión pública con participación efectiva de la ciudadanía, gestión sustentable de las cuencas hidrográficas, y un régimen económico y financiero justo y equitativo.
