Crucial proceso de renovación del poder judicial en Guatemala
AFP
El Congreso de Guatemala elegirá a los nuevos magistrados de la Corte Suprema a partir de la próxima semana, en un proceso crucial para la lucha anticorrupción en este país cuyo poder judicial está «secuestrado por las mafias», según el presidente Bernardo Arévalo.
Las alarmas se encendieron por denuncias de interferencia del llamado «Pacto de Corruptos», la supuesta red de políticos, fiscales, jueces y poderosos empresarios que, desde las sombras, manejan los hilos del poder desde hace años en el país.
«Sistema «deteriorado»
Los nuevos 13 miembros de la Corte Suprema y más de 300 jueces de las cortes de apelaciones para el período 2024-2029 deben ser elegidos por el parlamento antes del 13 de octubre.
En esta elección «se está jugando la democracia en Guatemala, porque se está jugando la independencia judicial», afirma la abogada mexicana Ana Delgadillo, integrante de un panel de expertos internacionales que monitorea el proceso.
El sistema judicial se «deterioró al punto que ahora está al servicio de los políticos involucrados en redes criminales y de corrupción», dice a la AFP la directora de la ONG ProJusticia, Carmen Aída Ibarra. Guatemala ocupa el puesto 30 en el ranking de corrupción de la ONG Transparencia Internacional, de 180 países.
Según Arévalo y diversas oenegés, el rostro más visible del «Pacto de Corruptos» es la fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea.
La elección tendrá lugar en medio de esfuerzos de la fiscalía para sacar a Arévalo del poder. Varias acciones de la fiscal Porras contra el mandatario socialdemócrata han sido avaladas por la Corte Suprema saliente.
El coordinador del colectivo Alianza por las Reformas, Juan Pablo Muñoz, señala que el «Pacto de Corruptos» trata de «recuperar esa fuente de riqueza, de plazas [empleos] fantasmas, de contratos anómalos».
«Para el gobierno sería un factor de estabilidad que en la Corte Suprema de Justicia haya personas que no se presenten al juego golpista» de Porras, indica Ibarra”, señala Monitoreo internacional.
El deterioro en el sistema judicial se agudizó bajo los gobiernos derechistas de Jimmy Morales (2016-2020) y Alejandro Giammattei (2020-2024), según Ibarra.
Los reflectores de la comunidad internacional están puestos en este proceso, pero los observadores consideran que los «poderes fácticos» pelearán para mantener su influencia en el poder judicial.
«Lo que estamos viendo es una lucha de estos poderes fácticos. Perdieron al Ejecutivo, pero no quieren perder el Poder Judicial», afirmó la excanciller chilena Antonia Urrejola, quien también integra el panel de expertos internacionales.
En un informe preliminar presentado la semana pasada, el panel expresó su «preocupación» por indicios de «negociaciones paralelas por parte de actores económico-políticos corruptos» para favorecer a aspirantes ligados a ellos.
