Juez federal bloquea deportaciones de Trump a terceros países sin el debido proceso
Un juez federal en Massachusetts bloqueó este miércoles la posibilidad que el Gobierno del presidente Donald Trump deporte a inmigrantes a un tercer país sin antes intentar enviarlos a la nación designada en su orden final de expulsión y sin garantizarles el debido proceso.
El fallo, emitido por el juez federal de distrito Brian Murphy, cuestiona directamente la política adoptada por el Departamento de Seguridad Nacional en marzo de 2025 respecto a las expulsiones a terceros países.
El magistrado determinó que la Administración republicana debe proporcionar una “notificación sustancial” antes de concretar cualquier traslado a una nación distinta a la originalmente prevista, con el fin que las personas afectadas tengan tiempo suficiente para impugnar la decisión ante los tribunales.
“Este caso se trata de si el Gobierno puede, sin previo aviso, deportar a una persona al país equivocado, o a uno en el que es probable que sea perseguida o torturada, privándola así de la oportunidad de solicitar la protección a la que sin duda tiene derecho”, escribió Murphy en su resolución.
El juez subrayó que el Congreso estableció como política de Estados Unidos no expulsar, extraditar ni devolver a ninguna persona a un país donde enfrente riesgo de tortura.
“El Congreso decidió que el Gobierno no puede expulsar a nadie a un país en el que su vida o su libertad corran peligro”, afirmó.
En un tono enfático, Murphy añadió que el debido proceso es un principio fundamental del sistema legal estadounidense. “Estas son nuestras leyes, y es con profunda gratitud por la increíble suerte de haber nacido en Estados Unidos que este tribunal afirma estos principios fundamentales de nuestra nación: que ninguna ‘persona’ en este país puede ser privada de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal”, escribió.
La sentencia también critica la falta de claridad sobre las supuestas “garantías” diplomáticas que, según el Gobierno, ofrecerían ciertos países receptores. “Nadie sabe realmente nada sobre estas supuestas ‘garantías’. ¿A quiénes cubren? ¿Qué cubren? ¿Por qué el Gobierno las ha considerado creíbles? ¿Cómo puede alguien saber con certeza que existen?”, cuestionó el magistrado.
Sin embargo, el juez suspendió la entrada en vigor de su fallo durante 15 días para dar margen a la Administración Trump a presentar una apelación, lo que anticipa una posible batalla legal en instancias superiores sobre el alcance de las facultades del Ejecutivo en materia migratoria.
