Hoy se cumplen 26 años del asesinato de Ramón Mauricio García Prieto
Este día se cumplen 26 años del asesinato de Ramón Mauricio García Prieto, como autor intelectual del crimen se acusa al general Mauricio Ernesto Vargas, actual diputado de ARENA, esto según acusaciones de los padres de García Prieto, porque se negó a venderle un terreno en San Miguel.
Por este crimen, el Estado salvadoreño fue condenado, en noviembre de 2007, por la CIDH por las omisiones en la investigación de las amenazas de que fueron víctimas el padre y madre de la víctima. La resolución estableció que el Estado incumplió con el deber de colaborar con las autoridades judiciales al negar los libros de entradas y salidas del personal del Batallón San Benito de la Policía Nacional y ordenó continuar con las investigaciones sobre el hecho e indemnizar a la familia del fallecido.
El crimen ocurrió un viernes. Ramón Mauricio García Prieto Giralt, de 31 de años de edad, estaciona su camioneta frente a una casa ubicada en el Pasaje Verde, de la colonia Escalón en San Salvador.
Abre la puerta del vehículo para que baje su esposa, pero antes, le quita a su hijo de cinco meses de edad para que lo haga con comodidad.
De repente, un hombre vestido de negro les sale al paso. “Te venimos a matar, hijo de puta”, grita. Ramón le pide calma. Pero un segundo hombre lo golpea. García Prieto piensa que se trata de un asalto, les entrega la cartera tipo canguro en la que carga dinero y un arma sin que la intente usar.
Aturdido por los golpes, retrocede un poco y le entrega el niño a su esposa, que unos pasos atrás les rogaba a los hombres que respetaran la vida de su esposo.
Los hombres no atienden las súplicas y le disparan dos veces, en el estómago y en la cabeza.
Ramón Mauricio García Prieto cayó herido de muerte. Cinco horas después fallece en un hospital privado mientras los médicos intentaban salvarlo.
Un mes después, agentes de la División de Investigación Criminal (DIC), de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaba a José Raúl Argueta Rivas como el autor material de la muerte.
La esposa de Ramón Mauricio, junto a otro testigo lo señalado como el hombre que disparó contra García Prieto.
El 22 de julio de 1996, un Tribunal de Conciencia en el Juzgado Quinto de lo Penal de San Salvador condena a Argueta Rivas a 30 años de prisión por el asesinato. Sin embargo, los padres de la víctima sostuvieron en aquel momento que habían más personas involucradas en el crimen, las que además los vigilaban constantemente en señal de intimidación.
Su madre Gloria y su padre, Mauricio aseguran que la muerte de su hijo es un ejemplo de negligencia de la justicia salvadoreña del Estado por no investigar a fondo y con responsabilidad el crimen.
“La ley dice que el caso prescribe 10 años después del hecho y, aunque se descubriera a los autores intelectuales, éstos no podrían cumplir una pena”, reconoce la señora de García Prieto, quien a pesar de esa realidad demanda que “un reconocimiento social y moral”.
Por su parte, la Fiscalía se defiende y asegura que se trabajó todo lo que fue necesario durante su instrucción “a tal grado que se tiene a dos condenados por la autoría material del crimen”, dice el Miguel Ángel Francia representante del Estado en el caso ante la Comisión Interamericana Derechos Humanos (CIDH), donde se ventila una demanda para exigir justicia.
Haber presentado el caso ante una instancia internacional obedece “una búsqueda de la verdad” según la familia y porque insiste en que la investigación del caso estuvo viciada desde el primer día. Ponen de ejemplo, el hecho que las autoridades hayan tardado diecinueve días en acudir a la escena del crimen.
El Ministerio de Seguridad Pública giró órdenes precisas al entonces director de la PNC, Rodrigo Ávila, para continuar los esfuerzos por encontrar a los otros responsables del crimen.
El 23 de enero de 1998, la policía capturó a Julio Ismael Ortiz Díaz, un segundo involucrado en el crimen. Los demandantes pidieron que no soltaran las riendas de la investigación hasta conocer a todas las personas vinculadas con el homicidio.
La familia asegura que García Prieto fue asesinado por orden del general retirado Mauricio Ernesto Vargas, motivado porque la víctima se negó a venderle un terreno en San Miguel.
