Reestructuran juzgados en Tribunales contra el Crimen Organizado y Juzgados de Garantía

La Asamblea Legislativa reformó esta tarde la Ley Orgánica Judicial para hacer una reestructuración en el sistema de judicial y conformar 11 Tribunales contra el Crimen Organizado y convertir dos Juzgados de Paz en Juzgados de Garantía.
Con 64 votos, los diputados reestructuraron 42 juzgados especializados de instrucción, especializados de apoyo, especializados de sentencia, juzgados de menores y algunos de paz.
Las Cámaras Primera Especializada de lo Penal de San Salvador y Segunda Especializada de lo Penal de San Salvador se convertirán en Cámara Primera y Segunda Contra el Crimen Organizado, respectivamente.
Seis de estos tribunales tendrán sede en San Salvador y tendrán competencia respecto de los delitos cometidos en los departamentos de San Salvador, La Libertad, San Vicente, Cuscatlán, La Paz, Cabañas y Chalatenango.
En Santa Ana habrá tres tribunales con competencia respecto de los delitos cometidos en los departamentos de Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán; y en San Miguel habrá dos tribunales, con competencia de los delitos cometidos en los departamentos de San Miguel, Usulután, La Unión y Morazán.
Aprobaron la reforma diputados de Nuevas Ideas, GNA, PCN), PDC) y Carlos Reyes exdiputado de ARENA. Votaron en contra los del FMLN, Nuestro Tiempo y Vamos y votaron en abstención ocho diputados de ARENA.
La reforma establece que los tribunales contra el crimen organizado estarán compuestos por cuatro jueces propietarios con sus suplentes. Uno deberá ser juez de menores designado por la Corte Suprema de Justicia y será el facultado en conocer los procesos contra menores en este tipo de procesos. Dicho juez se denominará “juez de garantías para el menor” y deberá actuar respetando la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales.
La iniciativa de reforma fue presentada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 25 de octubre de 2022 y el dictamen favorable fue aprobado el pasado lunes por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. El argumento para realizar la reforma fue la saturación de los casos debido al régimen de excepción que ha dejado más de 55,000 capturas.