Gobierno abre puertas para usar $900 millones de forma discrecional

Como un logro propio celebró la Presidencia de la República la decisión de la Asamblea Legislativa, con el apoyo del bloque de diputados de Nuevas Ideas, de aprobar la ley de creación de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM).

La existencia de esa nueva instancia da paso a otra promesa más del presidente de la República, Nayib Bukele de invertir $900 millones en obras municipales. Este dato confirma, además, que las decisiones de ejecución de proyectos en los municipios recaerán solo en la jurisdicción del Ejecutivo, algo que hasta ahora había sido competencia de las alcaldías.

El dato de inversión planteado por la Presidencia es diferente al presentado en el proyecto de presupuesto general de la nación para 2022.

En lo que el ramo de Hacienda proyecta para el próximo año, específicamente en la Unidad Presupuestaria 10 y Línea de Trabajo «Apoyo a Municipalidades», están agregados $390,714,985.

De ese monto, $97,678,745 son para «apoyar a las municipalidades con recursos para su funcionamiento» y los restantes $293,036,240 son para transferirlos y «financiar obras municipales de beneficio social y económico».

Es decir, los montos planteados en el proyecto de presupuesto no concuerdan con el monto prometido por Bukele.

Otro aspecto en el que no repara la Presidencia es en la discrecionalidad en el uso de esos fondos. Ya que en paralelo a la creación de la DOM, la Presidencia promueve la aprobación de un régimen especial para que esa Dirección realice compras, desconociendo así la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).

La intención de que la nueva ley simplificada de adquisiciones para obras municipales sustituya a la LACAP se debe a que el Gobierno considera que esta última normativa «responde a un modelo de adquisiciones y contrataciones que se aparta de las características propias de la Dirección Nacional de Obras Municipales, respecto de: las competencias ejercidas, la centralización de facultades, el volumen de adquisiciones a realizar y la naturaleza de las obras o servicios a contratar, las cuales tendrán una incidencia directa en la calidad de vida de los habitantes de los doscientos sesenta y dos municipios del país».

La propuesta de ley, que aún está en estudio de los diputados, deja a discreción de algunos integrantes de la junta directiva de la DOM la decisión en torno a la adjudicación de proyectos.

Si las licitaciones son menores o iguales a $80,000, la responsabilidad de su adjudicación recae sobre la figura del subdirector general, cuando el monto de las licitaciones sea entre $80,000 y $200,000 será la junta directiva de la DOM quien decida, pero queda la posibilidad de que la junta delegue en el director ejecutivo esta responsabilidad para que quien esté en ese puesto tome la decisión.

La propuesta de ley define diferentes mecanismos para efectuar adquisiciones: licitación limitada y licitación competitiva, compras para funcionamiento y contrataciones directas y comparación de precios.

Para los casos de consultorías, el anteproyecto de ley establece que la Dirección podrá elegir a partir de criterios como la calidad y el costo, o solo por la calidad, o también escoger a partir de las calificaciones de los consultores que presenten ofertas, pueden hacer una selección de fuente única, de consultores individuales y de compras para funcionamiento.

Una salvedad que plantea la propuesta de ley es que el mecanismo de comparación de precios solo lo podrán utilizar en licitaciones que sean por un monto de hasta $200,000.

La petición de este régimen especial de compras despierta las alarmas en diferentes sectores de la población, organizaciones sociales y diputados de oposición entre ellos.

El motivo es que consideran que da paso al manejo irregular de fondos públicos. Además temen que en la DOM haya problemas de transparencia y rendición de cuentas, como ocurre en el resto de instituciones del Estado.

Sin embargo, ninguno de esos sectores de la población pone en duda que el Gobierno logrará obtener la nueva ley de compras, ya que el bloque oficialista en la Asamblea Legislativa supera los 43 votos, que son los requeridos para aprobar una ley de ese tipo.