Abogados cuestionan el decreto Ejecutivo que permite ingresar a un hogar para confirmar si existe un caso de Covid-19
El secretario jurídico de la presidencia Conan Castro rechazó las críticas que se hacen a un decreto ejecutivo número 19 el cual el cual autorizó al Ministerio de Salud ingresar a una vivienda si se reportan casos confirmados de Covid-19, que entro en vigencia este miércoles para garantizar el combate a la pandemia.
En el artículo 1 literal “E” dice: “Toda persona está obligada a permitir el ingreso de los delegados del Ministerio de Salud debidamente identificados para inspeccionar el interior de casas, locales, predios públicos o privados para evaluación de medidas sanitarias adoptadas para el combate de la pandemia del Covid-19”. Con base a esta regulación Castro dice que una persona del Ministerio de Salud, identificada y con equipo específico puede entrar a una vivienda para ver si una persona está infectada y poderla llevar a un hospital.
El secretario jurídico dijo además que estas acciones son amparadas por el Artículo 58 del Código de Salud que dice: “El Ministerio de Salud tiene facultades en caso de grave riesgo para la salud inspeccionar por medio de delegados en interior de casas, predios públicos y privados. Los moradores dueños y demás personas que tengan a cargo dichos inmuebles están en la obligación de permitir su acceso”.
Sin embargo, el abogado constitucionalista Enrique Anaya dice que el Articulo 1, literal “E” es muy ambiguo y puede generar cualquier tipo de interpretación. “No se dice si van a entrar a sanitizar o a desinfectar las casas y creo que el artículo está pesimamente redactado porque no hay claridad de cuál es la intención de y en segundo lugar hay que tener en cuenta que no indica cuál es la consecuencia de no permitir el ingreso y entonces si una persona no les permite entrar eso permitiría que el delegado de Salud pueda llamar a la Policía para poder entrar y esa disposición en ninguna forma está autorizando eso.
Por su parte, el abogado Eduardo Escobar de Acción Ciudadana dice que esta normativa tiene un problema de inconstitucionalidad porque hay una violación a los derechos de la morada y añadió que esta normativa no puede provenir del Ejecutivo sino que debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa.
