Chavismo se arma con leyes que favorecen a Maduro
AFP
Fascismo, redes sociales, oenegés, odio: el Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, allana el camino para la aprobación de polémicas leyes que, según críticos, apuntan a la incriminación de la oposición, que denuncia fraude en la reelección del presidente Nicolás Maduro.
El gobernante de izquierda fue proclamado con el 52% de los votos para un tercer mandato de seis años, hasta 2031. La oposición liderada por María Corina Machado reivindica la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia en los comicios del 28 de julio, lo que el mandatario ha considerado como una incitación a un «golpe de Estado» y a una «guerra civil».
Su reelección desató protestas que dejaron 25 muertos, 192 heridos y más de 2.200 detenidos,en medio de llamados de Estados Unidos, Europa y varios países de América Latina para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) presente el escrutinio detallado de la elección.
El presidente de la unicameral Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, le anunció a Maduro que se dedicará en el actual periodo de sesiones a la tarea de «aprobar un paquete de leyes que usted ha solicitado para poder cuidar y defender a nuestra población del odio».
El chavismo tiene 256 de 277 diputados de la Asamblea Nacional.El paquete de leyes incluye la regulación de redes sociales, una ley para castigar el «fascismo», término con el que el gobierno también suele referirse a sus detractores, y otra para regular las oenegés.
«Hay muchas organizaciones no gubernamentales que son la fachada para el financiamiento de acciones terroristas», señaló Rodríguez en un acto el lunes con Maduro. Un «discurso estigmatizador», según Gina Romero, relatora especial de Naciones Unidas para la Libertad de Asociación.
La primera discusión se remonta a 2023, aunque su contenido ha sido modificado luego que su promotor, el poderoso dirigente Diosdado Cabello, acusara a 60 organizaciones de maniobras de «desestabilización».
Según el proyecto, las organizaciones deben inscribirse en un registro local y declarar vías de financiamiento, normalmente extranjero. El incumplimiento también implica multas que pueden llegar a 10.000 dólares. «Están reglamentadas en casi todas partes del mundo, pero en Venezuela no», protestó Rodríguez. En la región hay normas similares en Cuba, Nicaragua, Guatemala y Bolivia.
Romero lamentó además que la reanudación del debate se realice «en un contexto de feroz represión postelectoral», que crea «clima de temor generalizado».
