Comisión de Seguridad avala la disolución y liquidación de la UTE
La Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa avaló el dictamen para aprobar la “Ley de disolución de la Comisión Coordinadora del Sector Justicia y de disolución y liquidación de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia”. La decisión se concretó este miércoles, tras recibir la explicación de la propuesta por parte del ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro.
Cuestionamientos a la estructura
Durante su exposición ante los legisladores, el ministro cuestionó la operatividad de esta estructura. Aseguró que fue creada «para poder hacer viable el desastre del Código Penal y Procesal Penal que nos impusieron en 1998».
La normativa contempla precisamente la desaparición de la Comisión Coordinadora del Sector Justicia. La instancia está conformada legalmente por el presidente del Órgano Judicial, el ministro de Justicia, el fiscal general de la República, el procurador general y el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Entre las atribuciones de este ente están la definición de las políticas y estrategias del sector, además del análisis de su problemática.
La iniciativa también ordena la disolución y liquidación de la Unidad Técnica Ejecutiva (UTE). Esta medida mantiene bajo análisis la situación laboral de su personal. Villatoro detalló que la institución cuenta actualmente con 43 trabajadores. Sin embargo, precisó que todavía no existe una decisión última sobre cuántos de ellos se verán afectados por la medida.
El proyecto de ley indica el pago de indemnizaciones equivalentes a un salario por cada año de servicio activo para los empleados. La normativa establece un límite de hasta 24 salarios para quienes reciben remuneraciones de entre $408.80 y $900. Para los salarios iguales o superiores a $901, el tope máximo será de 12 salarios.
De acuerdo con lo proyectado en el articulado, estas compensaciones económicas se cancelarán durante los primeros tres meses de 2027. La iniciativa pasa ahora a la siguiente etapa del proceso parlamentario para su discusión y eventual ratificación en el pleno. «Es un poco de grasa de Estado lo que queremos disolver», concluyó Villatoro.
