Corte de Cuentas investiga a auditores que emitieron cuantas a favor de alcaldías
La Corte de Cuentas ha advertido con sanciones administrativas y con informar a la Fiscalía. Según fuentes de la Corte de Cuentas y alcaldías, ex funcionarios municipales estarían sobornando a auditores para que los favorezcan con sus auditorías.
Roberto Antonio Anzora Quiroz, presidente de la Corte de Cuentas, señala que varias auditorías elaboradas, supuestamente de manera fraudulenta, por algunos auditores para favorecer a alcaldes y exalcaldes o concejos municipales ha disparado las alarmas en la Corte de Cuentas de la República que ha advertido que sancionará o notificará a la Fiscalía General de la República (FGR) los casos en los que se compruebe que algunos auditores cometieron irregularidades en sus funciones.
Varios “Informes sin hallazgos” hicieron saltar las alarmas en el Organismo de Dirección de la Corte de Cuentas de la República, que el pasado 10 de agosto elaboró un memorando en el que instaron a sus auditores a ejercer sus labores enmarcados en las normas aplicables a la auditoría gubernamental.
De acuerdo con fuentes internas de la Corte de Cuentas y algunas alcaldías, son muchos los casos en los que auditores del órgano contralor han elaborado informes de auditoría en los que hacen constar que el o los funcionarios municipales manejaron bien los recursos a su disposición a pesar de que hay actas de concejo y abundantes documentos con los que se evidencia el mal manejo de recursos.
Obviamente, según las fuentes, esos “informes en limpio” no son un mero favor o cortesía hacia los exfuncionarios o funcionarios, sino que de por medio hay sobornos; miles de dólares, aseguran.
De acuerdo con Roberto Antonio Anzora Quiroz, presidente de la Corte de Cuentas, cuando los informes de auditoría no contienen hallazgos u observaciones, se elabora una resolución de exoneración de responsabilidad a los funcionarios, la cual es firmada por el presidente de ese organismo contralor.
En el caso contrario, es decir, cuando un informe contiene hallazgos, pasa a un juicio de cuentas al área jurisdiccional para que se determinen las responsabilidades administrativas o patrimoniales de los funcionarios.
