El FMLN insiste en que los cambios al presupuesto son parte de las atribuciones de la Asamblea Legislativa

La Sala de lo Constitucional resolvió la controversia sobre el Presupuesto General de la Nación en favor del Ejecutivo al confirmar la inconstitucionalidad del decreto legislativo 781 por vicio de forma, con el que los diputados pretendían incorporar al Presupuesto dinero para sus alcaldes, beneficios a veteranos de guerra y la contrapartida de FOMILENIO II, recursos que ya tenían destinos específicos.
Sobre este punto la diputada del FMLN, Yanci Urbina y Jorge Handal, manifestaron en la entrevista de canal 12 que es la Asamblea Legislativa la que asigna esos recursos, sobre esto Urbina apuntó que lo que “nos preocupa de fondo es que continua irregular el pago del Fodespara a los municipios y recordó que la obligación del pago del Fodes es del Ejecutivo y estaba considerado en el presupuesto”.

Sobre los señalamientos que el Ejecutivo hecho que la urgencia de asignar el Fodes a las alcaldías era para pagar la campaña propagandística para las elecciones del 28 de febrero, Shafik dijo que “aquí ha habido una clara violación a la ley porque por ley debe signársele el 10% de los ingresos mensuales al Fodes para que sean repartidos en las 262 alcaldías y eso no tiene que ver con campaña electoral alguna, son ocho meses que no se les ha dado el Fodes y eso responde a un plan electoral del Ejecutivo para ellos (Nuevas Ideas) tendrán más oportunidades de ganar”.
Sobre la mala relación que existe entre el Ejecutivo y el Legislativo, Shafik dijo que aquí hay que preguntarse cuál es el origen de esta discordia y acusó al presidente Nayib Bukele que se ha peleado con muchas instituciones que “les interfieren en sus planes”.
En la madrugada del 4 de diciembre se aprobó el Presupuesto 2021 compuesto por 11 decretos y el 27 el Ejecutivo anunció que se había vetado los decretos 800 y 803 que tenían que ver con proyectos municipales y con la pensión mima, sobre esto Yanci Urbina obvio la pregunta y señaló que todo es parte del ataque del presidente Bukele con el fin de obtener una victoria en las próximas elecciones y dominar el órgano Legislativo para sus propósitos políticos.

Con esta resolución el tribunal constitucional da la razón al Presidente Nayib Bukele, quien vetó el proyecto de ley que contenía los cambios al decreto legislativo 640, aprobado el 5 de mayo, ya que no se consultó al Ejecutivo por medio del Ministerio de Hacienda para hacer los movimientos presupuestarios de esas partidas, argumento que respaldó la Sala de lo Constitucional.
Pero ya la Sala de lo Constitucional había planteado que en su origen, el decreto legislativo 640 destinaba $400 millones de fondos externos para devolución del IVA ($100 millones) y para pago a proveedores ($300 millones). Sin embargo, los diputados establecieron en el decreto 781, del 26 de noviembre pasado, una nueva distribución en la que asignaron $50 millones para la contrapartida de FOMILENIO II, $288,2 millones para el FODES, $16 millones para veteranos y $45.8 millones para pago a proveedores. E ese sentido la Sala resolvió en su sentencia “que continúa vigente el aludido Decreto Legislativo n° 640, en los términos en que fue aprobado”.
No obstante Handal dijo que lo que se pretende es que; “nosotros bajemos la cabeza y que renunciemos a la confianza que el pueblo salvadoreño nos da con sus votos para ir a la Asamblea Legislativa y ejercer las funciones que la Constitución le da a los diputados en cuanto al control del inter-órgano con el Ejecutivo y hoy este gobierno lo ha incrementado con el uso de las redes sociales”.