El Salvador tiene el ejército más grande de Centroamérica
El ejército salvadoreño es el segundo más grande de la región centroamericana, y es el segundo país del istmo que más presupuesto ha destinado a tareas de defensa y seguridad, entre inversión en funcionamiento de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada.
Así lo señala una investigación publicada por la revista digital Expediente Público, que analizó datos de los cuatro países y sus presupuestos de seguridad entre 2018 y 2022. El informe destaca que El Salvador contaba hasta 2022 con 24,500 soldados, mientras que ninguno de los otros cuatro países supera los 19,000.
«Según los datos presupuestarios de los llamados CA-4, hay 177,167 miembros de entes armados en el norte del istmo, de ellos 103,962 son fuerzas de seguridad pública o policías, y los otros 73,205 son personal de defensa, la mayoría militares», destaca la publicación, al mismo tiempo que agrega que investigó «datos oficiales sobre personal médico y docente para comparar, encontrando que solo hay 56,971 médicos en estos cuatro países, menos que el personal de sus ejércitos. El gasto en defensa y seguridad se ha ejecutado en un contexto de insuficientes avances en materia de transparencia presupuestaria de los gobiernos”, indica el Expediente Público, En su análisis de 2023.
La publicación destaca que El Salvador ha tenido un incremento del 61 % en su presupuesto de defensa durante los últimos cinco años, pasando de $141,2 millones en 2018 a $250,6 millones en 2023. Eso sin contar los refuerzos presupuestarios que el ministerio de Defensa ha recibido, que ascienden a un total de $195.8 millones durante el mismo período de tiempo.
Expediente Abierto destacó que «en El Salvador no se especifica el gasto para el sector defensa como en los demás países del CA-4, lo que complica su análisis» y que a nivel regional «el gasto en defensa y seguridad se ha ejecutado en un contexto de insuficientes avances en materia de transparencia presupuestaria de los gobiernos y aún más de las entidades estatales responsables de dichos sectores».
En El Salvador, el número de elementos militares aumentó desde 2019 a raíz de la implementación de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) en materia de seguridad pública y del llamado «Plan Control Territorial». En 2021, el presidente de la República prometió que duplicaría la cantidad de soldados de 20,000 a 40,000 en un plazo de cinco años.
Con la aplicación del régimen de excepción contra las pandillas, en marzo de 2022, la presencia militar en las calles se intensificó, pero eso generó también denuncias de vulneraciones cometidas por los soldados en los territorios.
Los casos más recientes son los de dos menores de edad abusadas sexualmente por elementos castrenses, una en Mizata, La Libertad, y otra en Soyapango, San Salvador.
«Estos casos no deben ocultarse, no deben favorecer a los implicados. En Soyapango, a los soldados los tienen por violadores. Es un llamado a las autoridades militares para que supervisen a los soldados. No se debe ocultar estos hechos», opinó Marvin Reyes, representante del Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP), sobre el hecho sucedido en la colonia Bosques del Río, de Soyapango.
Reyes sostiene que en este caso se ha querido favorecer a los soldados con inmunidad, pues a los responsables no los tienen en bartolinas, sino que, en la base de la Fuerza Naval, y que no se ha hecho pública la acusación, como sí sucedió con el delito en Mizata.
Francisco Valdivieso, del movimiento Resistencia Ciudadana, también se refirió al hecho cometido por militares y dijo que «preocupan los casos de violación sexual como los que se han dado a conocer últimamente, porque estamos ante un régimen que ha hecho uso y abuso de sus autoridades fuera de la ley».
Según datos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (PDDH), entre el 1 de mayo de 2022 y el 30 de abril de 2023, recibió 717 denuncias por vulneraciones de agentes de seguridad, entre policías y militares.
