Piden que investiguen a exministro de Economía Tharsis Salomón López por destrucción de documentos
La abogada Bessy Ríos presentó un aviso en el que solicita a la Fiscalía General de la República que investigue al exministro de Economía del FMLN, Tharsis Salomón López y su asesor legal Salvador Ernesto Méndez, por la destrucción de documentos sobre la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral, en San Miguel.
“Uno de los rumores que corrió en redes sociales es que también se habían destruido órdenes de pago de la presa El Chaparral, porque en ese periodo gestionaba los pagos con el Ministerio de Hacienda”, dijo Ríos.
Bessy Ríos también es esposa del exgerente de asuntos jurídicos del Ministerio de Economía (Minec), Daniel Ríos, y quién fue destituido en 2015, mientras López se desempeñaba como ministro de esa entidad, tras responsabilizarlo de destruir esa documentación que incluía información relevante desde 1981 al 2014.
Según Ríos, los señalados son supuestos responsables intelectuales de la destrucción de documentos de la Gerencia de Asuntos Jurídicos del Minec.
Esos hechos supuestamente ocurrieron en mayo de 2015 cuando la gerencia de Asuntos Jurídicos del Minec remitió a la dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana una serie de libros en los cuales se consignaba a mano el control de entrega de números de acuerdos, resoluciones y otros controles internos durante los años 1981 y 2014.
El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) responsabilizó en un proceso al encargado del archivo ad honorem del Minec, Manuel Alfredo Ramírez y se le encontró culpable de la infracción grave de destruir esa documentación.
El fallo del IAIP determinó en el año 2016 que el exministro de Economía debía ser investigado por la Fiscalía.
“Se ha acreditado que el ministro de Economía tuvo conocimiento de lo ocurrido, que adoptó medidas para encubrir lo sucedido, incluidas advertencias al denunciante, para evitar que éste hiciera del conocimiento de las autoridades competentes la destrucción del documental”, reza un segmento de la resolución de la IAIP que cobró firmeza en 2017.
