Dictaminan a favor de quitar el fuero a Norman Quijano
Los diputados de la comisión especial de antejuicio contra el Norman Quijano, emitieron hoy un dictamen señalando que hay lugar a formación de causa para quitar el fuero al parlamentario del Parlacen.
Luego de escuchar los alegatos de las partes, acusadora y defensora, los diputados de la comisión deliberaron, dieron su postura y votaron por el dictamen único. “Quitarle el fuero”.
Se enviará el dictamen a la Junta Directiva para que programe la sesión plenaria especial para llevar a cabo el antejuicio.
El diputado Raúl Castillo, presidente de la comisión dijo que aunque no van a emitir un acto de condena contra Quijano, porque no es su competencia, tampoco serían un obstáculo.
“Tenemos la misión de no encubrir, de no favorecer, porque el pueblo no nos ha elegido para ser encubridores ni para ser personajes que van a alimentar la impunidad. Simplemente no vamos a ser un obstáculo entre la justicia y un denunciado”, Raúl Castillo, Diputado de Nuevas Ideas.
El diputado Castillo criticó a los partidos ARENA y FMLN de negociar con pandillas.
Buena parte de los argumentos de los diputados de la comisión fue para señalar a los testigos que citaron a la comisión: Miguel Ángel Simán, Ernesto Angulo Milla, Nelson Valdez, mintieron en las declaraciones que dieron ante la comisión.
También basaron su decisión con base al video “tacua.avi” de la supuesta reunión donde estuvo Quijano y pandilleros luego de un culto de acción de gracias, donde habría ofrecido un programa de reinserción de $100 millones y uso de instalaciones militares en desuso para granjas de rehabilitación.
La Fiscalía General de la República solicitó a la Asamblea Legislativa realizar un antejuicio y desaforar al diputado para poder procesarlo judicialmente por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas por una supuesta negociación con pandillas a cambio de favores electorales en los comicios presidenciales de 2014.
René Portillo Cuadra rechazó ser parte de la defensa, por considerar que el proceso de desafuero corresponde al Parlacen y no a la Asamblea Legislativa.
La defensa técnica fue ejercida por una defensora pública nombrada por la Procuraduría General de la República (PGR).
