Fiscalía solicita condena de 12 años para Mauricio Funes
La fiscalía general de la República pidió que se le condene a Mauricio Funes a pagar $66,741.47 en concepto de responsabilidad civil y 12 años de prisión
Una pena máxima de 12 años de cárcel pidió la fiscalía general de la República para el expresidente prófugo en Nicaragua Mauricio Funes Cartagena, por el delito de casos especiales de lavado de dinero.
En los alegatos finales, la Fiscalía le expuso al Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, que durante el juicio le presentó suficiente prueba con las que acredita que Funes recibió una avioneta por parte del empresario guatemalteco Jaime Ramón Aparicio Mejía a cambio de la adjudicación del proyecto de un puente entre los distritos de San Pablo Tacachico y Nueva Concepción.
La causa penal llegó a su fin casi cuatro años después de judicializada, ya que la Fiscalía acusó a Funes en septiembre de 2020.
Ramón Aparicio regaló la aeronave para que también fuera compartida por Miguel Menéndez Avelar, conocido como «Mecafé» quien recibió la pena mínima de ocho años de prisión que establece el artículo 5 de la Ley contra el lavado de dinero.
La Fiscalía sostuvo en la vista pública que la avioneta fue un regalo que Aparicio Mejía dio a Funes y su amigo Menéndez Avelar, para que le asignaran a su empresa Servicios Calificados de la Construcción, S.A. (Serdelco S.A.). la construcción del puente San Isidro, en el Río Lempa, el cual conecta San Pablo Tacachico, La Libertad con Nueva Concepción, Chalatenango.
La avioneta es una Beechcraft King Air 90-TG ADL que el empresario guatemalteco compró en Miami, Estados Unidos en $1,000,000 con el fin de operarla a través de una empresa en el vecino país.
El puente costó $8.4 millones y se comenzó a construir en el gobierno de Mauricio Funes, pero fue inaugurado por Salvador Sánchez Cerén, el 25 de julio de 2017.
En el juicio, la fiscalía general de la República presentó prueba documental y testimonios de personas que conocieron a cerca del proyecto ejecutado y llegaron a declarar sobre una serie de irregularidades cometidas en la adjudicación de la obra al empresario guatemalteco.
Los encargados de evaluar las ofertas luego de la licitación pública, recomendaron declarar desierto el proceso porque solo la empresa de Aparicio Mejía había presentado oferta.
