La acusación de que Astaldi pagó un soborno a Mauricio Funes por presa El Chaparral queda en el aire
La jueza del Juzgado 9º de Instrucción, Nora Montoya, al referirse a los supuestos actos de corrupción en la construcción de la presa El Chaparral dijo que las acusaciones no demuestra que la firma italiana Astaldi pagó soborno al entonces presidente de la República, Mauricio Funes, Miguel Menéndez y Leopoldo Samour para pactar un arreglo directo por la finalización del contrato con un monto que superó por varios millones al valor real de lo que se había ejecutado.
El Juzgado Noveno de Instrucción nombró a finales de 2019 una serie de peritos para aclarar ciertas dudas respecto al gran volumen de información que se ha presentado en el caso y tras un año de indagaciones los especialistas han dado como respuesta que si bien hay indicios de que los $108.5 millones que pagó CEL a Astaldi para finalizar el contrato no tienen justificación legal, el tiempo y las pruebas presentadas hasta hoy no alcanzan para corroborar si, como planteó la Fiscalía General, parte de esa suma fue a parar a manos de Funes, Menéndez y Samour.
Funes y Menéndez son acusados por peculado, lavado de dinero y de activos y agrupaciones ilícitas, porque según la Fiscalía conspiraron para incrementar el valor pagado a Astaldi a cambio de obtener una dádiva. El ex presidente de CEL, José Leopoldo Samour, es acusado de peculado y agrupaciones ilícitas, porque según la acusación fue él quien lideró las negociaciones ilegales con la compañía italiana para favorecerse.
El peritaje en mención incluye, en un literal D, los «puntos de pericia propuestos por este juzgado» y en el punto tres la jueza Montoya pide a los especialistas que «se realice por parte de los peritos nombrados una conclusión final del peritaje en el sentido de los hallazgos y si existen operaciones sospechosas o actuaciones irregulares encaminadas al cometimiento de los delitos investigados».
Los peritos son claros al señalar en su respuesta que el punto de pericia no se desarrolló «por falta de tiempo prudencial», pero añaden que «al deliberar los peritos en forma conjunta se determinaron los indicios de operaciones sospechosas o actuaciones irregulares encaminadas al cometimiento de los delitos investigados». Los peritos tuvieron un año para el análisis y la jueza ya determinó que no dará más tiempo para ello.
